Afianzamos colaboración con poderes públicos en Michoacán y Tlaxcala
El INEGI consolidó su vinculación interinstitucional con actores clave del ámbito legislativo y judicial en Michoacán y Tlaxcala, mediante reuniones de trabajo orientadas al fortalecimiento del uso de la información estadística y geográfica en la toma de decisiones públicas. En Michoacán, la coordinadora estatal del INEGI, Mayda Magaña, sostuvo un encuentro con Baltazar Gaona, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; mientras que, en Tlaxcala, se presentaron los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 ante autoridades del Poder Judicial.
En Michoacán, durante la reunión realizada el 23 de abril, se acordaron fechas para la entrega de información requerida en el marco del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025, además de abordar el procedimiento establecido en la legislación vigente en materia de límites territoriales. La coordinadora estatal reiteró la disposición del Instituto para brindar capacitación y asesoría en el aprovechamiento de la información estadística; por su parte, el presidente del Congreso destacó la relevancia de contar con datos oficiales para el diseño de iniciativas legislativas.
En Tlaxcala, el coordinador estatal del INEGI, Carlos Lozano, presentó los principales resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025, destacando su utilidad para la formulación de políticas públicas en materias civil, penal, familiar y de adolescentes. Durante la sesión, Fanny Amador, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, subrayó que la información censal contribuye a fortalecer la eficiencia del sistema de justicia; Sergio Pérez, presidente del Órgano de Administración Judicial, reconoció el valor de las estadísticas oficiales para la generación de diagnósticos sólidos.
Estas acciones reflejan el compromiso del INEGI de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, promoviendo el uso estratégico de la información para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia, así como para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en los ámbitos legislativo y judicial.